Interventoría de obra pública: marco normativo

En obra privada, la interventoría es una decisión del propietario: se contrata porque conviene. En obra pública no es una decisión, es un régimen — y uno bastante más duro de lo que parece desde afuera.

La confusión de partida, que produce contratos mal estructurados y responsabilidades mal repartidas, es creer que supervisión e interventoría son dos palabras para lo mismo. No lo son, y la ley las define por separado.

Dos figuras, no una

La interventoría es consultoría, y eso lo cambia todo

El estatuto de contratación clasifica expresamente la interventoría como contrato de consultoría, junto con la asesoría, la gerencia de obra o de proyectos, la dirección, la programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

Y los contratos de consultoría se seleccionan por concurso de méritos, que es una de las modalidades de selección del estatuto. De ahí sale la regla que más sorprende a quien viene del sector privado:

La razón de fondo es la misma que sostiene toda la figura: si se compra vigilancia al precio más bajo, se compra menos vigilancia. El legislador lo reconoció y sacó el precio de la ecuación.

La responsabilidad: cuatro frentes a la vez

Aquí está la diferencia real con la interventoría privada, y es de grado, no de matiz. El estatuto anticorrupción estableció que los interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, y no solo por incumplir su propio contrato de interventoría: también por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño a la entidad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos sobre los que ejercieron la interventoría.

Léalo despacio, porque es un alcance inusual: el interventor responde por lo que hizo mal el contratista de obra, si su omisión lo permitió. No es un observador con opinión; es un garante.

• —Civil: por el daño patrimonial causado.
• —Fiscal: ante la Contraloría, por el detrimento de recursos públicos.
• —Penal: por los delitos contra la administración pública en que pueda incurrir.
• —Disciplinaria: cuando ejerce funciones públicas, con el régimen que le corresponde.

La independencia, aquí, es inhabilidad

En obra privada, que el interventor dependa del constructor es un mal diseño de incentivos. En obra pública, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades lo convierte en una prohibición: quien ejecuta la obra, y su entorno cercano, no puede ser también quien la vigila.

La lógica es idéntica a la del régimen de licencias, donde el revisor independiente de los diseños estructurales no puede ser el mismo profesional que los elaboró ni tener relación laboral o contractual con él. Ese nivel de detalle solo se escribe cuando alguien ya intentó lo contrario.

La continuidad: un problema que la ley tuvo que resolver

Un problema clásico de obra pública: el contrato de obra se prorroga y el de interventoría no, y la obra queda sin vigilancia justo en el tramo en que más falta hace. El estatuto anticorrupción lo resolvió permitiendo que el contrato de interventoría se prorrogue por el mismo plazo que el contrato vigilado.

Qué se le exige a la interventoría, en la práctica

Las funciones concretas las fija cada contrato, pero el núcleo es el mismo en cualquier obra, pública o privada:

• —Verificar que lo construido corresponda a lo diseñado, y que los materiales sean los especificados.
• —Controlar cantidades. Lo que se factura debe estar en obra.
• —Exigir y archivar ensayos: resistencia del concreto, compactación, calidad del acero.
• —Revisar el cronograma y documentar los atrasos cuando ocurren, no cuando se reclaman.
• —Autorizar o rechazar las actas parciales de pago. Es la función que le da poder real: un interventor sin autoridad sobre los pagos es un observador caro.
• —Dejar constancia escrita. Bitácora, actas y registro fotográfico fechado. En lo público, además, es lo que se le exhibe a la Contraloría.

Lo que no cambia por ser obra pública

Dos obligaciones del régimen general de construcción aplican igual, y suelen olvidarse porque se piensan como cosa de vivienda privada:

• —La supervisión técnica independiente de las edificaciones que superan los 2.000 m², que es distinta de la interventoría contractual y viene del régimen de construcciones sismo resistentes.
• —La revisión independiente de los diseños estructurales, por un profesional distinto del diseñador e independiente laboralmente de él.

Cuánto vale, y por qué esa pregunta está mal hecha

La referencia técnica colombiana de honorarios sigue siendo la norma de 1989 —4,0 % del costo real de la obra en vivienda, restauración y reformas; 2,5 % en las demás categorías—, que ya no obliga: decayó al derogarse la norma que le daba fundamento, y el Consejo de Estado lo confirmó en 2020.

Pero en obra pública la pregunta por el precio llega en otro momento. Como la interventoría se selecciona por concurso de méritos y el precio no puede ser factor de escogencia, el valor no es lo que decide quién gana: es lo que se revisa y se acuerda con quien quedó primero por calidad técnica.

La idea que sostiene todo el régimen

Es la misma de la obra privada, escrita con más consecuencias: nadie encuentra sus propios errores con el mismo entusiasmo con que encuentra los ajenos, sobre todo si corregirlos le cuesta.

En un contrato entre particulares, eso se resuelve con un buen contrato. Cuando el dinero es público, el legislador no se conformó con eso: separó las figuras, prohibió que el precio decidiera, estableció inhabilidades y puso al interventor a responder en cuatro frentes a la vez.