Tribunales de Cundinamarca y Corte Suprema de Justicia

El proyecto parte de una premisa: la justicia es un mecanismo institucional que debe operar con precisión, eficiencia y transparencia. El edificio se concibe como una máquina cívica en la que cada elemento —urbano, espacial y funcional— está pensado para el servicio a la ciudadanía.

El acceso se enmarca en un umbral simbólico: las astas monumentales de las banderas refuerzan la imagen institucional, conforman la plaza y le dan frente al parque José Joaquín Vargas. Desde ahí, unas escalinatas inspiradas en la arquitectura judicial clásica suben a una plataforma cívica elevada, un espacio público jerarquizado que se separa del plano peatonal cotidiano. Las escalinatas se vuelven jardines, aforos y teatrinos que siempre tienen al edificio como telón de fondo.

Los volúmenes establecen una relación homóloga con el edificio vecino de los Tribunales de Bogotá, con el que se conectan por un puente elevado, y se retiran de la vivienda al norte para dejar una franja verde que amortigua la transición entre lo institucional y lo residencial.

El programa se organiza en estratos que convergen en las salas de audiencia, el articulador entre la ciudadanía y la función judicial. El público, los magistrados y las personas privadas de la libertad bajo custodia del INPEC circulan por recorridos separados que nunca se cruzan. Un vacío atraviesa el edificio desde el espacio público hasta el atrio-jardín de las oficinas, que es el corazón verde del conjunto.

Una retícula de 8 × 8 m ordena parqueaderos, oficinas y espacios múltiples, con pórticos de concreto y adiciones metálicas. La fachada es una doble piel de vidrio con cortasoles; la ventilación cruzada, el efecto chimenea, la recolección de aguas lluvias, los paneles fotovoltaicos y las cubiertas verdes apuntan a una certificación LEED Platinum.